Seis años después, Lemus repite el libreto de Alfaro: reconoce abusos, promete corregir, investigar a policías y garantizar que la represión no se repita jamás
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Seis años separan las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López de las protestas para exigir agua limpia en Jalisco. Ambas reprimidas por dos gobernadores de Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro Ramírez en 2020 y Pablo Lemus Navarro en este 2026. Lo cierto es que las respuestas de los mandatarios frente a las acusaciones de represión contienen similitudes importantes en su contenido y en el momento en que fueron exteriorizadas por ambos, frente a una crisis política.
La respuesta de Alfaro surgió después del llamado Halconazo Tapatío de junio de 2020. Ahora es Pablo Lemus, tras la actuación policial durante las protestas del domingo 11 de octubre. En sus discursos, los dos, Alfaro y Lemus, dijeron que había que “reconocer”, “corregir”, “dar la cara”, investigar a los policías responsables y garantizar que los hechos no se repitieran. Pese a las promesas, Jalisco ha vivido la continuidad de un modelo de Gobierno implementado con Alfaro y continuado con Lemus, quien ingresó a la política precisamente de la mano del primero.
Fue en junio de 2020, cuando las calles de Guadalajara se llenaron de manifestantes que exigían justicia por la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años detenido semanas antes en Ixtlahuacán de los Membrillos y cuya muerte bajo custodia policial detonó indignación en medio de la pandemia de COVID-19. Las protestas de los días 4, 5 y 6 de junio terminaron con golpes, detenciones arbitrarias y denuncias de desapariciones temporales a manos de policías, hechos que fueron bautizados como el Halconazo Tapatío.
El saldo del Halconazo Tapatío fue mucho más allá de un operativo que “se salió de control”. De acuerdo con lo documentado, el 4 de junio de 2020 hubo 28 detenciones arbitrarias durante las protestas. Al día siguiente, alrededor de un centenar de jóvenes fueron privados de la libertad y desaparecidos durante horas por agentes de la Fiscalía de Jalisco, en un operativo en el que las víctimas denunciaron golpes, torturas y amenazas de muerte. Para el 6 de junio se registraron otras seis detenciones arbitrarias, también con denuncias de tortura.
La historia se repite y con el mismo discurso
Seis años después, el escenario volvió a repetirse. Esta vez las personas salieron a las calles para protestar por el agua contaminada que reciben habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Frente a Casa Jalisco, policías antimotines recurrieron al agua a presión y gases para contener la protesta, además de realizar detenciones que el propio Gobernador Pablo Lemus terminó por calificar como “injustas”.
Este martes, la Fiscalía General del Estado de Jalisco trasladó a siete hombres al penal de Puente Grande tras detenerlos durante los enfrentamientos registrados el domingo frente a Casa Jalisco. Seis fueron imputados por lesiones dolosas contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública y uno por desobediencia o resistencia de particulares. Horas después, el Gobernador Pablo Lemus reconoció que hubo “errores” en el operativo, admitió “excesos” policiales y aseguró que todas las personas detenidas habían “recuperado su libertad”.
Sin embargo, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) precisó posteriormente que la situación jurídica de varios detenidos seguía abierta. David Isaac Álvarez Hernández fue liberado sin cargos, mientras que Israel Rosas Flores e Iván Octavio fueron vinculados a proceso por lesiones y deberán firmar cada 15 días. Alexis Guzmán Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava continuarán su audiencia el viernes, cuando se definirá si también serán vinculados a proceso.
Lo cierto es que en Jalisco cambió el Gobernador y cambió la causa que llevó a las personas a las calles. Pero el discurso posterior a la actuación policial mantuvo prácticamente la misma estructura.
“Dar la cara”
En julio de 2020, Enrique Alfaro presentó casi dos meses después de las protestas un mensaje junto con integrantes del colectivo Somos 4, 5 y 6, formado por personas afectadas por las actuaciones policiales de aquellas jornadas. El entonces Gobernador aseguró que su administración asumiría lo sucedido y corregiría las fallas de las corporaciones de seguridad.
“Lo más sencillo hubiera sido sacarle la vuelta al tema y dejar las cosas tal y como están, pero nosotros no vamos a hacer eso. Aquí siempre vamos a dar la cara, asumir nuestra responsabilidad y hacer todo lo que esté en nuestras manos para corregir lo que deba ser corregido”.
La frase utilizada por Alfaro en 2020 reapareció en los mismos términos seis años después, pero ahora en boca de su sucesor emecista. Después de revisar los videos de la protesta frente a Casa Jalisco, Lemus dijo:
“Como Gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto”.
En ambos mensajes, “dar la cara” aparece como la primera respuesta política después de que las imágenes de la actuación policial colocaran a los gobiernos bajo escrutinio.
En los dos casos, admitieron abusos, anunciaron investigaciones y prometieron sanciones, pero presentaron los hechos como errores que podían ser corregidos dentro de las propias instituciones de seguridad.
“Reconocer” los “errores”
La segunda coincidencia está en palabra central de ambos mensajes: “reconocer”. En 2020, Alfaro sostuvo que la primera obligación de su Gobierno era aceptar que las protestas habían exhibido problemas profundos en las corporaciones policiales de Jalisco.
“El primer paso como gobierno es reconocer que los días 4, 5 y 6 de junio quedó en evidencia que tenemos muchas cosas que cambiar de fondo en las instituciones públicas de seguridad”.
Lemus empleó el mismo verbo después de la represión de octubre de 2026:
“Antes que gobernador soy persona y en la vida se debe saber reconocer y corregir”.
Y agregó: “Personalmente he revisado videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias que en el momento más crítico se salió de control”.
El reconocimiento en ambos discursos fue el punto de partida para después hablar de la “corrección” de los hechos. Alfaro reconoció que había “muchas cosas que cambiar de fondo”, mientras Lemus admitió “graves deficiencias”, “uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas”.
En todo caso, Lemus fue más explícito al describir los abusos. “Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”.
Reprimir y luego “investigar”
Después del Halconazo Tapatío, Alfaro informó que su Gobierno había entrado, desde el 8 de junio de 2020, en una revisión de las actuaciones policiales con acompañamiento derivado de una recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“A partir de los 8 de junio, el gobierno del estado en conjunto y por recomendación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU entró en un proceso de revisión de la actuación de las corporaciones de seguridad en Jalisco”.
Seis años después, Lemus anunció una medida similar, pero ahora con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
“He pedido iniciar una investigación interna de lo sucedido y que esta sea acompañada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco para dar seguimiento a los procesos de sanción según su nivel de responsabilidad”.
Lemus incluso sostuvo que ya estaban identificados algunos agentes que incurrieron en excesos. “Siempre hemos dicho que el que la hace la paga y eso también aplica para los de adentro. Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos policiales cometieron excesos y los tenemos identificados”.
La promesa de la no repetición
Otra coincidencia discursiva se encuentra en la promesa de no repetición.
Alfaro agradeció en 2020 el acompañamiento de las víctimas de las protestas por participar en un proceso que, aseguró, permitiría transformar aquel episodio en el inicio de una reforma institucional.
“Gracias por poner su tiempo, su energía y su voluntad para que este episodio se convierta en el punto de partida de un proceso para mejorar y profesionalizar a las instituciones públicas de seguridad en nuestro estado”.
Y anunció: “Vamos a iniciar juntos un proceso de diálogo, de construcción, de debate de la mano de especialistas de las instituciones públicas y por supuesto de las víctimas”.
Seis años después, Lemus hizo la misma promesa.
“Debemos garantizar la reparación del daño y, por supuesto, la no repetición”. Y remató: “Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”.
Por: Obed Rosas / Publicado originalmente y propiedad de: www.sinembargo.mx
