De la intervención francesa a Washington
México tiene una memoria histórica marcada por invasiones, pérdidas territoriales y proyectos políticos que, en distintos momentos, buscaron respaldo en potencias extranjeras para resolver conflictos internos. Por eso, cada vez que dirigentes mexicanos recurren a gobiernos extranjeros para presionar al poder político nacional, la discusión trasciende la coyuntura: toca una de las fibras más sensibles de la identidad republicana, la soberanía.
En agosto de 2026, el debate volvió a cobrar fuerza. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha realizado varios viajes a Washington para denunciar ante autoridades estadounidenses lo que considera abusos y autoritarismo del gobierno de Morena. En su visita más reciente acudió al Departamento de Estado para presentar una denuncia contra tres consejeros del INE y pedir que se les cancelaran sus visas. En visitas anteriores había denunciado en Estados Unidos supuestos vínculos de Morena con el narcotráfico e incluso había planteado que el partido oficialista fuera considerado una organización terrorista.
Estos hechos han sido interpretados por el gobierno y dirigentes de Morena como una búsqueda de presión e intervención extranjera. El PRI, por su parte, sostiene que sus dirigentes tienen derecho a denunciar internacionalmente lo que consideran violaciones democráticas y abusos de poder. La distinción es importante: acudir a otro país para denunciar a un gobierno no equivale automáticamente a solicitar una intervención militar, y cualquier artículo serio debe separar los hechos comprobables de las acusaciones políticas.
Sin embargo, la controversia resulta especialmente significativa cuando se observa desde la historia mexicana.
Cuando la disputa política cruzó el Atlántico
Uno de los episodios más contundentes ocurrió en el siglo XIX, después de la Guerra de Reforma. México se encontraba devastado económicamente y dividido políticamente. En 1861, el gobierno de Benito Juárez suspendió temporalmente el pago de la deuda externa, lo que provocó reclamaciones de Francia, España y Gran Bretaña.
Las tres potencias enviaron fuerzas a México, pero Francia decidió llevar mucho más lejos su intervención. Sectores conservadores mexicanos vieron en Napoleón III la posibilidad de derrotar al gobierno republicano y establecer una monarquía.
El Archivo General de la Nación documenta que dirigentes conservadores promovieron el proyecto monárquico ante Francia y que la intervención francesa terminó creando las condiciones para el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano.
Una comisión de conservadores llegó incluso a ofrecer la corona mexicana al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. La intervención francesa permitió que Maximiliano llegara a México en 1864 y gobernara bajo el Segundo Imperio.
El proyecto terminó en 1867 con la derrota de las fuerzas imperiales, la captura y fusilamiento de Maximiliano y el restablecimiento de la República.
El episodio quedó grabado en la conciencia nacional por una razón fundamental: una parte de la élite política mexicana había buscado en una potencia extranjera la solución a una disputa por el poder que no había podido resolver dentro de México.
La herida territorial y el peso de Estados Unidos
Pero la historia de la intervención extranjera no comenzó con Francia.
Entre 1846 y 1848, México enfrentó la guerra con Estados Unidos. La derrota mexicana culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. El Museo Nacional de las Intervenciones del INAH conserva esta etapa como uno de los capítulos centrales de la historia de las intervenciones extranjeras en México.
A partir de entonces, la relación con Estados Unidos quedó marcada por una combinación de cercanía geográfica, dependencia económica, intereses estratégicos y una permanente preocupación mexicana por la soberanía.
Estados Unidos volvería a intervenir militarmente en México en 1914, durante la Revolución Mexicana. La relación bilateral tampoco estuvo exenta de presiones políticas y económicas durante las décadas posteriores.
De ahí que la defensa de la no intervención adquiriera un lugar excepcional en la tradición diplomática mexicana.
Juárez, Carranza y Estrada: la soberanía como doctrina
La experiencia histórica produjo una tradición diplomática que, con distintas formulaciones, colocó la autodeterminación y la no intervención en el centro de la política exterior mexicana.
La Constitución actualmente establece en el artículo 89, fracción X, que la política exterior debe observar principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
No se trata, por tanto, únicamente de una consigna política de Morena o de la izquierda mexicana. Es un principio constitucional de la República.
La llamada Doctrina Estrada, formulada en 1930, llevó esta tradición a la política exterior mexicana. Su propósito fundamental fue rechazar que las grandes potencias se atribuyeran el derecho de decidir qué gobiernos latinoamericanos eran legítimos y cuáles debían ser reconocidos.
México había aprendido, a un enorme costo, que la soberanía podía perderse no solamente mediante un ejército invasor, sino también cuando las disputas internas abrían la puerta a que una potencia extranjera se convirtiera en árbitro de la política nacional.
¿Quién es un “vendepatrias”?
La palabra “vendepatria” pertenece más al lenguaje político que al jurídico. Es un término utilizado para acusar a una persona de anteponer intereses personales, partidistas o extranjeros a los intereses nacionales.
Su utilización, sin embargo, exige cuidado.
No todo mexicano que viaja a Estados Unidos, habla con congresistas estadounidenses, presenta denuncias ante organismos internacionales o busca apoyo diplomático está solicitando una invasión. Las democracias contemporáneas tienen canales internacionales para denunciar violaciones de derechos humanos, corrupción, persecución política y amenazas a las instituciones.
La frontera problemática aparece cuando la presión extranjera se convierte en sustituto de la voluntad nacional, o cuando un actor político mexicano invoca a una potencia extranjera para que imponga mediante sanciones, coerción o fuerza una solución a un conflicto que debería resolverse por las instituciones mexicanas.
Esa diferencia es esencial para entender el debate actual.
Washington vuelve a convertirse en escenario de la disputa mexicana
El episodio de Alejandro Moreno adquiere relevancia precisamente por su reiteración.
De acuerdo con reportes recientes, Moreno ha viajado varias veces a Washington durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y ha llevado ante autoridades estadounidenses acusaciones contra Morena, además de solicitar medidas contra funcionarios y actores políticos mexicanos.
En agosto, el asunto llegó a convertirse en un nuevo foco de confrontación entre PRI y Morena en el Congreso. La defensa priista del derecho de Moreno a acudir a Estados Unidos fue enfrentada por Morena como una posible forma de injerencia extranjera.
El contexto internacional hace que la discusión sea todavía más delicada.
El gobierno de Donald Trump ha incrementado su presión sobre América Latina y ha impulsado una agenda de seguridad regional con una participación estadounidense más intensa. En el caso mexicano, Washington ha ejercido presión mediante asuntos relacionados con narcotráfico, visas y cooperación en seguridad. México, mientras tanto, ha insistido en que la cooperación con Estados Unidos debe respetar la soberanía nacional.
En este escenario, cualquier dirigente mexicano que solicite medidas de Washington contra actores políticos nacionales entra inevitablemente en un terreno políticamente explosivo.
El espejo de la historia
Hay una ironía histórica difícil de ignorar.
En el siglo XIX, los conservadores mexicanos que buscaban derrotar a los liberales recurrieron a una potencia europea. Francia terminó interviniendo militarmente en México y colocando a un emperador extranjero.
Hoy no existe un Maximiliano esperando en Miramar para ocupar el trono mexicano. Tampoco existe, al menos hasta ahora, una intervención militar estadounidense en México equivalente a la francesa del siglo XIX.
Pero la pregunta histórica permanece:
¿Hasta dónde puede un actor político mexicano recurrir a una potencia extranjera para combatir a sus adversarios internos sin poner en riesgo la soberanía que dice defender?
La respuesta no debería depender de si quien gobierna pertenece a Morena, al PRI, al PAN o a cualquier otro partido.
Si la no intervención es un principio constitucional, debe aplicarse cuando beneficia al gobierno y cuando incomoda a la oposición. Si denunciar abusos ante organismos internacionales es un derecho democrático, debe defenderse incluso cuando las denuncias provienen de adversarios del gobierno.
La soberanía no puede ser una bandera partidista.
De Maximiliano a la polarización contemporánea
La comparación histórica tampoco debe llevar a simplificaciones.
Los conservadores del siglo XIX sí participaron directamente en un proyecto monárquico respaldado por una invasión francesa. La situación actual es diferente. Los viajes de dirigentes opositores a Washington, las denuncias ante el Departamento de Estado o las solicitudes de sanciones no equivalen por sí mismas a pedir una ocupación militar.
Pero la historia sirve para identificar un patrón político más amplio: cuando las instituciones nacionales son percibidas como incapaces de resolver una disputa, aumenta la tentación de buscar un árbitro externo.
Ese patrón ha aparecido en distintos momentos de la historia mexicana y no pertenece exclusivamente a una corriente ideológica.
La tragedia es que una potencia extranjera nunca actúa únicamente por solidaridad con una facción política. Tiene sus propios intereses estratégicos, económicos y de seguridad.
Los conservadores mexicanos del siglo XIX necesitaban a Francia para derrotar a la República; Napoleón III necesitaba a México para ampliar la influencia francesa en América y contener la influencia estadounidense. El INAH señala precisamente los intereses geopolíticos franceses detrás de aquella intervención.
La lección histórica, por ello, no es solamente “no pedir ayuda extranjera”.
Es más profunda:
quien convierte a una potencia extranjera en árbitro de una disputa nacional corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que el árbitro también tiene intereses propios.
México ante una nueva encrucijada
En 2026, México enfrenta una combinación particularmente delicada: Presión estadounidense en materia de seguridad, acusaciones de vínculos entre políticos y crimen organizado sin comprobar y una disputa electoral que comienza a proyectarse hacia 2027.
Al mismo tiempo, Estados Unidos ha endurecido su política hacia América Latina y ha mostrado una disposición mayor a utilizar instrumentos de presión diplomática y de seguridad.
En ese contexto, la discusión sobre los llamados “vendepatrias” no debería convertirse únicamente en un intercambio de insultos.
La pregunta verdaderamente importante es otra:
¿Puede México defender su democracia y combatir la corrupción, el crimen organizado y los abusos de poder sin entregar a una potencia extranjera la capacidad de decidir sobre su vida política?
La respuesta debería ser sí.
Una democracia fuerte no necesita que Washington determine quién es el bueno y quién es el malo en la política mexicana. Necesita instituciones capaces de investigar, juzgar y sancionar dentro del marco de la ley.
Y una oposición verdaderamente democrática tiene derecho a denunciar abusos, pero también tiene una responsabilidad histórica: no confundir la derrota de un adversario político con la derrota de México.
Desde la guerra con Estados Unidos hasta la intervención francesa, desde la Revolución hasta la Doctrina Estrada, la historia mexicana contiene suficientes advertencias sobre el costo de permitir que las potencias extranjeras se conviertan en protagonistas de los conflictos nacionales.
El México republicano nació, precisamente, de la lucha contra esa subordinación.
Por eso, cuando hoy un político mexicano cruza la frontera para pedir presión contra sus adversarios, la sociedad tiene derecho a preguntar qué está solicitando exactamente, ante quién lo está solicitando y cuáles serían las consecuencias.
Porque una cosa es internacionalizar una denuncia.
Otra, muy distinta, es internacionalizar la disputa por el poder.
Y entre ambas existe una frontera que la historia mexicana conoce demasiado bien.
