Su resistencia a la regulación y los privilegios que les permitieron influir en la agenda pública sin rendir cuentas.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– La consulta pública sobre los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias abrió un nuevo frente de confrontación entre autoridades regulatorias y los grandes consorcios mediáticos. Para los participantes de Versus, la reacción de diversos medios no sólo ha estado marcada por información falsa y alarmismo, sino que también exhibe la resistencia de los grupos de poder a perder privilegios que durante décadas les permitieron operar sin controles efectivos.
Cumplimiento de obligaciones
Ana Lilia Pérez, Kurt Hackbarth y José Hernández sostuvieron que la discusión no gira en torno a la censura ni a la libertad de expresión, como han planteado algunos medios de comunicación, sino al cumplimiento de obligaciones previstas desde hace más de una década en la legislación mexicana para proteger el derecho de las audiencias a recibir información veraz y diferenciada de la opinión.
Vídeo de la mesa de análisis:
Ana Lilia Pérez afirmó que la ola de desinformación desatada tras hacerse pública la consulta confirma precisamente la necesidad de contar con reglas claras para los concesionarios de radio y televisión.
«Estamos viendo cómo se desató una ola de desinformación, de datos sesgados, de noticias falsas también que, en mi consideración, está poniendo en evidencia precisamente el porqué es necesario que exista una regulación. ¿De dónde viene esta resistencia? Se habla de que ahora va a haber un censor que diga lo que puede o no publicar un medio. Esto es falso. La propuesta de los lineamientos está disponible en la consulta y más bien plantea que parta de la autorregulación de los medios de comunicación», explicó.
La periodista señaló que buena parte de los grandes medios han operado históricamente bajo intereses políticos y económicos antes que en beneficio de las audiencias.
«Son medios que han servido como un negocio para quienes tienen esas concesiones, pero que se han vendido al mejor postor. Lo hicieron con los gobiernos del PRI, después con el PAN y también durante otros sexenios, participando en pactos de silencio y de autocensura a conveniencia», sostuvo. Añadió que, al revisar la propuesta, resulta evidente que los lineamientos únicamente establecen obligaciones básicas que cualquier medio debería cumplir.
«Los lineamientos que ahora se están planteando contienen lo elemental que tendría que tener un medio de comunicación. Un código de ética, de entrada. Un código de ética debe ser un elemento fundamental para todo medio, ya sea de radio, televisión o incluso de medios impresos y digitales», consideró.
Una reforma que ya existia
Por su parte, Kurt Hackbarth aseguró que la polémica ha sido presentada como si se tratara de una iniciativa surgida recientemente, cuando en realidad deriva de una reforma constitucional aprobada desde 2013.
«Toda esta histeria y todo este alud de desinformación es precisamente la razón por la que ese debate tuvo que tener lugar en primer lugar. La idea de esas histerias es que te enfoques nada más en el momento presente, como si fuera una ocurrencia que surgió de la nada, y casi nunca se enfocan en toda la trayectoria que está atrás de eso», afirmó.
«En 2016 salen los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias y, por supuesto, los grandes medios hegemónicos pegaron el grito en el cielo porque no querían ser tocados en nada, en su derecho de calumniar», dijo.
El analista recordó que en 2017 el Congreso modificó la legislación para dejar sin efectos buena parte de esos lineamientos, pero que años después la Suprema Corte invalidó esos cambios.
«En 2022 la Suprema Corte dijo que lo que hicieron cinco años antes fue inconstitucional. No es la Corte de ahora, fue la Corte de entonces. No es algo que sale hace tres semanas, sino que hay trece años de historia detrás de este proceso. Es importante recordarlo y precisamente eso es lo que muchos no quieren que se recuerde», enfatizó.
La conversación pública
En tanto, el monero José Hernández, durante décadas los grandes grupos mediáticos no mostraron preocupación por las obligaciones legales porque mantenían el control de las instituciones políticas, económicas y de los propios medios de comunicación.
«Antes no les interesaba incluso que estuviera en la ley. Se aprobaba porque era lo correcto, pero no importaba que existiera porque finalmente ellos controlaban todo. Si había leyes y no las cumplían, no pasaba absolutamente nada. Conforme fueron perdiendo esos espacios se dieron cuenta de que ahora sí los iban a obligar a cumplir la ley y eso ya no les gustó», señaló.
El monero también rechazó la narrativa de que México vive una polarización provocada por el actual Gobierno y sostuvo que esa idea ha sido impulsada por los sectores que antes monopolizaban la conversación pública.
«Ellos insisten en que vivimos en un país polarizado y hablan de dictadura, de represión y de autoritarismo. Todo eso es mentira. México no está polarizado; durante décadas ellos controlaban absolutamente todo lo que se decía en los medios electrónicos», afirmó.
Como ejemplo, recordó el papel que durante años desempeñaron los principales noticiarios de televisión abierta.
«Lo que se decía todas las noches en el principal noticiario de Televisa era algo perfectamente controlado y era la opinión que trataban de imponer a toda la sociedad. Ellos decidían qué teníamos que pensar y qué teníamos que opinar. Para ellos eso era el pensamiento único y, desde luego, ahí no existía ninguna polarización», concluyó.
